Resulta difícil tratar de explicar por qué a 30 años de la recuperación de la democracia, San Luis sigua contaminada con resabios de la dictadura, que no solamente se ponen en evidencia en las posturas ideológicas y políticas de sus funcionarios, sino en la misma designación de quienes ocupan los más altos cargos públicos de la provincia. Desde el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá hasta integrantes del Superior Tribunal de Justicia están denunciados por haber sido “colaboradores civiles” durante el proceso militar.
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Más inexplicables son algunas de las frases que en estos últimos días pronunciaron quienes ejercen el poder en la provincias desde hace, justamente, 30 años. El senador nacional Adolfo Rodríguez Saá dijo durante un acto realizado en el Poder Judicial: “Desde 1983 el Poder Judicial de San Luis es independiente. Jamás un gobernador influyó, llamó a un juez, para pedirle que dictara una sentencia a favor. Si tengo algo que decir es al revés, el Estado provincial soportó muchas veces sentencias que creíamos que eran injustas, pero las cumplimos siempre. Quiero sacar ese mito, no tenemos absolutamente ningún interés, y el Poder Judicial se maneja con absoluta independencia. Esto es parte del fortalecimiento de la vida institucional”.
¿Hace falta explicar cómo, mediante maniobras reiteradamente denunciadas, se ha sometido al Poder Judicial de San Luis? Desde las presiones y destituciones a jueces que “osaron” reclamar que se respete la independencia de poderes hasta las “renuncias anticipadas” son claros ejemplos que contradicen del irritante doble discurso del ex gobernador y efímero presidente del país, que ahora no tendrá ningún pudor en participar en los homenajes a los ex mandatarios en la Presidencia de la Nación.
Juicios por delitos de lesa humanidad
En estos momentos, se realiza el 2° juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la dictadura y los testimonios van elevando a la superficie lo que por años se supo: la abierta complicidad de civiles de todos los sectores y las autoridades de la iglesia con los atroces crímenes perpetrados por los militares que tomaron el poder.
El martes de la semana pasada, en la 6° jornada del juicio, Franklin Oliveras, uno de los testigos que declaró, trató de "delator y botón" al exgobernador y excandidato presidencial, Alberto Rodríguez Saá, por haber suscripto junto a otros ciudadanos de San Luis una carta enviada al entonces almirante Eduardo Massera acusando a varias personas de realizar actividades supuestamente sospechosas y contrarias a la dictadura cívico militar.
El ex gobernador firmó la “célebre” carta al almirante que por entonces ocupaba el cargo de “ministro del Interior”, en 1978, en la que pidió “castigo ejemplar” a la dictadura militar para vecinos de San Luis.
También Oliveras afirmó que "Alberto Rodríguez Saá es el responsable de la ignominia de haber construido un Museo en la capital puntana donde antes estaba el edificio de la Jefatura Central de Policía, que fue un centro de detención clandestino".
Otro de los testigos, Jorge Alfredo Salinas, relató que la noche de navidad de 1977 el obispo de San Luis, Juan Rodolfo Laise, celebró misa en el penal pero pidió que no se invitara a quienes estaban acusados de subversión, lo que provocó que ningún preso asistiera, por lo que finalmente "nos llevaron a misa y nos pararon en el altar frente a todo el penal".
Laise fue mencionado ya en el primer juicio y tiene pendiente una declaración indagatoria ante el Tribunal.
Casi al mismo tiempo se conoció una carta que difundió la organización “Ex Presos Políticos y Familiares de Desaparecidos y Asesinados por la Dictadura Militar de los años 1976 /1983”, por la cual denunciaron públicamente que Omar Esteban Uría y Horacio Guillermo Zavala Rodríguez, presidente y miembro del Superior Tribunal de Justicia, y el camarista Carlos Guillermo Maqueda “fueron directos colaboradores de la dictadura militar en nuestra provincia”.
Entre otros datos, la carta pública detalla que Maqueda fue “asesor del genocida Carlos Plá”, condenado por delitos de lesa humanidad.
Funcionarios
Es preocupante también la cantidad de funcionarios que ocupan y ocuparon cargos en los más altos niveles en el gobierno de San Luis desde 1983, sospechados y denunciados por organismos de derechos humanos por su vinculación con la dictadura militar.
Por mencionar uno: el coronel Guillermo López, quien fue designado por Alberto Rodríguez Saá al frente del ministerio de Seguridad durante 2007, 2008 y 2009, es uno de los militares denunciados por organismos de derechos humanos por su participación en el Operativo Independencia, cabecera de playa del terrorismo de Estado en 1975 en Tucumán. El funcionario solía jactarse entre sus conocidos de “haber combatido en Tucumán contra todos esos zurdos”.
Pero el ministro estuvo ocupando impunemente la cartera y así cometió uno de los hechos más cruentos que se recuerden en democracia contra los derechos humanos: la violenta emboscada contra los empleados de la empresa Pagoda el 27 de noviembre de 2007. Unos 250 policías, entre ellos fuerzas especiales de Mendoza y Córdoba, procedieron al desalojo de planta Textil Pagoda. El procedimiento terminó con decenas de empleados heridos y denuncias judiciales que duermen sin definición. El ministro López se jactó nuevamente: “hemos hecho un prolijo desalojo, sin lamentar heridos ni muertos”, dijo.
La lista de personas nombrados en distintos cargos en el gobierno de San Luis o al amparo del poder político de los Rodríguez Saá es larga. Una de ellas es la doctora Liliana Teresita Negre de Alonso, actual senadora nacional y defensora a ultranza de las políticas de Adolfo Rodríguez Saá, fue designada Juez del proceso militar genocida, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nº 298/299- GyE - S.E.J., en fecha 21/01/1981, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3, de la 2º Circunscripción Judicial de la Ciudad de Villa Mercedes.
Al asumir su cargo juró por el Estatuto de la Revolución y las actas de los gobiernos de facto, que avasallaron y subordinaron la Constitución Nacional y Provincial a los caprichos y el terror impuesto por la Dictadura Militar.
En las instituciones “civiles” también se pueden rastrear vestigios del la dictadura militar. La lista que publicó la Revista 23 sobre los “colaboradores” del terrorismo de estado desnudó la conducta que tuvieron de vecinos de San Luis durante el proceso. Sin embargo, lejos de la mínima autocrítica, muchos ocupan cargos importantes en instituciones.
El caso emblemático es el de Raúl Foncueva, presidente de la Sociedad Rural de San Luis. El ex militar carapintada lideró en esta provincia el levantamiento de Semana Santa de 1987, por el que fue detenido.
Foncueva quedó luego en libertad, beneficiado por un indulto del ex presidente Carlos Menem. En 2009, y pese a las impugnaciones presentadas en su contra, ganó las elecciones de la Sociedad Rural, una institución que, salvo algunos amagues de independencia, siempre estuvo “atada” al gobierno de los Rodríguez Saá.
Otros resabios
Si lo simbólico es considerado un acto de clara postura ideológica y política, también el gobierno de San Luis ha dejado su “marca” poco feliz con relación a otros “resabios” de la dictadura.
A fines de septiembre pasado el gobierno de San Luis inauguró el llamado Museo de la Historia de San Luis (MUHSAL) en el edificio donde funcionó la Jefatura Central de Policía durante la dictadura. Familiares y víctimas del terrorismo de Estado protestaron agitadamente porque consideran que el lugar debía preservarse para lugar de la memoria contra los delitos de lesa humanidad, ya que ahí funcionó un centro de detención clandestina.
Otro de los incomprensibles hechos que aún no ha sido reparado es que Centro Educativo de El Volcán lleva el nombre de Subsecretario Carlos Sadoc San Martin, quien fuera subsecretario de Educación en las dictaduras de Juan Carlos Ongania y Jorge Rafael Videla. Ocupaba ese cargo en el mismo ministerio del que dependía la policía que secuestro y asesino a Graciela Fiochetti y a sus compañeros, según denunció el profesor Luis Alberto Moreno, quien exigió en reiteradas oportunidades el cambio de denominación del establecimiento educativo.
Las investigaciones truncas
Si a todo el panorama se suma la falta de apoyo del gobierno de San Luis a las investigaciones por el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad, la afirmación sobre los resabios de la dictadura en la provincia cobran aún más entidad y causan preocupación.
Todo habla de un San Luis que, desde 1983 y bajo una misma familia en el gobierno, los resabios de la dictadura persisten sin el mínimo recato, con total impunidad, y –lo más preocupante- ante la mirada pasiva o cómplice de sus habitantes.
fuente sanluisnoticia.com.ar