Asociaciones de campesinos y centros ambientalistas expresaron su fuerte respaldo a la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Villa Mercedes hace dos años, por la cual se establecieron límites en la aplicación de agroquímicos cerca de la zona urbana, y criticaron duramente la postura asumida por la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave), creada a instancias del gobierno de San Luis.
En junio de 2012, el Concejo aprobó, por unanimidad, la ordenanza que regula el uso de agroquímicos. Un mes después, el diario de la familia Rodríguez Saá cuestionó la nueva normativa y la gestión del intendente Mario Raúl Merlo nunca se animó a reglamentarla. El 15 de septiembre pasado, la Coprosave pidió directamente su derogación porque –según argumentaron- no hay “fundamentos técnicos” que la justifiquen.
El 24 de abril pasado, el gobernador Claudio Poggi firmó un decreto por el cual transfirió al ministerio del Campo la facultad de aplicar la legislación referida al uso de agroquímicos y modificó, sustancialmente, una ley que había sido aprobada en el año 2004, que sirvió de base para la ordenanza en cuestión.
El punto en discusión: la citada ordenanzaestablece que no podrán aplicarse productos químicos a una distancia menor a 1000 metros de poblados. La Coprosave y el ministerio del Campo, consideraron que la extensión mínima debe ser de 100 metros para toda clase de toxicologías.
La situación generó una consecuente polémica en el seno del cuerpo legislativo y disparó críticas de los concejales del Frente para la Victoria, autores de la ordenanza. . “Lo que ha pasado, con la demora en la reglamentación y todo lo expuesto por la Coprosave, es una muestra de que no quieren interferir en esos formidables negocios de los cultivos”, advirtió el concejal Hugo Yáñez.
En el debate intervino el ingeniero agrónomo y ex director de Agricultura de San Luis, Luis Echevarría, quien advirtió que existen intereses de grupos económicos multinacionales detrás del pedido de derogación de la ordenanza de agroquímicos, que hacen instituciones impulsadas por el gobierno.
Yáñez se encontró ahora con otro fuerte respaldo a la ordenanza: un comunicado que enviaron al Concejo entidades comoAcción por la Biodiversidad, Asociación Campesinos del Valle del Conlara, Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (CELMA), Centro de Protección de la Naturaleza (Cepronat), Madres del Barrio Ituzaingó Anexo, Reduas – Red Universitaria Ambiente y Salud. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.
“A pesar de que en la Coprosave participaron varias instituciones del Estado provincial y Nacional, la propuesta está basada en los intereses privados de las empresas productoras de agroquímicos, los vendedores, los profesionales afines y los productores de granos bajo el modelo del monocultivo de granos transgénicos.Y fue elaborada a puertas cerradas y en secreto, a espaldas de los amplios sectores de la sociedad que estamos preocupados por el problema de los agrotóxicos”, señala la nota de las organizaciones.
En el comunicado, las asociaciones campesinas y centros ambientalistas expusieron que la propuesta de la Coprosave de reducir las distancias mínimas de las fumigaciones, en las zonas periurbanas “prioriza el lucro sobre la salud y el ambiente”.
Mencionan que el pedido de derogación no tuvo en cuenta los objetivos fundamentales de Ley Nacional IX – 0320 – 2004: “Proteger la salud humana y animal” y “Proteger los recursos naturales renovables evitando la contaminación”
“Presentamos información sobre por qué los agroquímicos son agrotóxicos (venenos), sobre los impactos en la salud y enla calidad de las aguas, las legislaciones que nos amparan, lo precario de la argumentación de las instituciones que impulsaron el decreto, las derivas de los agrotóxicos”, advirtieron.
Las propuestas de las organizaciones campesinas y ambientalistas son:
- Que el Concejo Deliberante responda a la Coprosave de forma urgente por la negativa a la derogación de la ordenanza municipal 442E-MAH/O/2012.
- Que se convoque a audiencia pública para debatir democráticamente el problema, para no repetir el error de la Coprosave, que propuso un decreto en forma secreta y a puertas cerradas, sin participación de voces críticas como poblaciones fumigadas, profesionales críticos, ONGs, etc.
- Que el Concejo Deliberante solicite que se debata al interior de INTA, el Senasa y la Universidad de San Luis, y todos los ciudadanos podamos conocer todas las voces, en su diversidad, que hay dentro de dichas instituciones.
fuente sanluisnoticia.com.ar