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ESCÁNDALO NACIONAL, condenaron a funcionarios Saa por obligar a jueces a presentar sus renuncias en blanco



Redacción Redacción

El Tribunal Oral Federal -en fallo dividido- los encontró responsables de obligar a jueces a presentar sus renuncias en blanco. Además fueron inhabilitados a ocupar cargos públicos durante diez años.

Quizás los funcionarios condenados no sean cabuleros. Pero lo cierto es que el 13 nunca más les resultará un número amigable. Esos fueron los años que transcurrieron desde que se los acusó de obligar a los jueces a firmar su renuncia anticipada, hasta que debieron soportar el escarnio de un juicio público que fue seguido con atención en todo el país y que constituye un cimbronazo en el seno del poder político provincial.

Tanto Sergio Freixes como Mario Zavala continuarán en libertad, en tanto la sentencia no quede firme. No obstante se presume que ambos apelarán el veredicto, instancia que podría llegar incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con resultado incierto.

Ayer jueves en horas de la mañana se celebró la sexta audiencia destinada a dilucidar la verdad del escándalo institucional ocurrido durante el primer mandato del gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el que se vieron envueltos el actual ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Sergio Freixes, cuando comandaba el Ministerio de la Legalidad, y quien era su segundo, Mario Zavala, por el delito de “coacción agravada”.

De acuerdo con la denuncia asentada en 2005, estos funcionarios montaron una maniobra dirigida a obligar a jueces y fiscales a firmar sus renuncias en blanco, como condición para acceder a ocupar cargos dentro de la jerarquía de la Justicia provincial.

El tribunal compuesto por los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Naciff escuchó los alegatos de la fiscalía, representada por los doctores Gloria André y Cristian Rachid, quienes efectuaron una medulosa descripción de los hechos y el contexto en que sucedieron, como también de las imprecisiones derivadas de las declaraciones de acusados y testigos.

El veredicto del tribunal fue un poco más benigno que lo solicitado por la fiscal Gloria André, que había reclamado 7 años de prisión e inhabilitación de 10 años para el acceso a cargos públicos. La pena requerida fue la misma para Zavala, como a Freixes, considerados ambos “coautores” del delito de “coacción agravada”.

En la fundamentación de sus conclusiones sostuvieron como primera medida que encontraron un detalle particular referido a la “libertad psíquica” que consiste en realizar algo sin condiciones. En las acusaciones planteadas se advirtió que esta libertad psíquica estuvo coartada.

Expusieron como ejemplo la declaración de la ex jueza Mirtha Vallica San Martín, donde la misma aseguró que actuó “voluntariamente” en torno a la renuncia. Sin embargo ello no implica que se exima la coacción, ya que el delito no consiste en la supresión de la voluntad sino que atenta desde la exigencia.

En este sentido, el segundo punto fundamental fue precisamente el nivel de exigencia ejercido para requerir que una persona tome una decisión, en este caso, que renuncie anticipadamente. De acuerdo a lo que explicó la fiscalía, la falta existe porque la exigencia planteada “es ilegítima”.

Para remarcar la contundencia del delito, detallaron que se puede exigir incluso algo correcto y totalmente legal, pero si el pedido se formula de manera indebida se trata de una coacción: “La ilicitud está en la exigencia”.

De esta característica se desprende el “daño ilegítimo” relacionado a la amenaza que recibió Mariana Ziliotto cuando se negó a firmar su renuncia. Según las declaraciones, Zavala le advirtió: “Ojo que tengo mucho poder, que vos sabes quién fue quien encontró a Gramalia (el kinesiólogo asesinado y encontrado el 9 de octubre de 2004 en el fondo del dique La Florida)”.

La fiscalía resaltó que el contexto indicaba que el cuerpo se había encontrado “por un llamado anónimo que se hace en el Ministerio de Legalidad”, con lo cual la expresión infirió una relevancia trascendental, configurando un tono más que amenazante.

Por otra parte sostuvieron que si bien existe un atenuante que se relaciona a la falta de antecedentes penales de los imputados, hay un punto de “extrema gravedad” en el que miembros del Poder Ejecutivo, más precisamente del ministerio de Legalidad, poseían las renuncias de los jueces firmadas por anticipado.

“Sin duda resulta un atentado contra el sistema republicano de gobierno, contra el principio de independencia del Poder Judicial. Esto no es menor, es escandaloso, cuando nos tocó el caso no podíamos creer que existía una situación de estas características”, aseveraron.

Durante un cuarto intermedio, Freixes se acercó a un apesadumbrado Zavala, se colocó a pocos centímetros de su ex subordinado y pareció decirle: “Ojo, tranquilo, ni se te ocurra hablar”, al tiempo que lo apuntaba con el dedo. Si bien cuando declaró Zavala intentó minimizar los hechos, al afirmar que (las renuncias de los jueces) era un modo de buscar un remedio a una “crisis institucional” de aquél momento, los jueces no dieron crédito a dicha explicación. Tampoco a la declaración previa de Freixes, afirmando su inocencia y que nunca solicitó ninguna renuncia.

Durante el alegato fiscal se informó que uno de los libros administrativos que se presentaron a modo de prueba, estaba adulterado: “Las hojas no presentaban el deterioro lógico que deberían poseer por el paso de los años”, dedujeron.

También se expusieron varias contradicciones y reiteradas reticencias en las declaraciones que Mario Zavala efectuó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación y en la Justicia.

El delito de coacción agravada contempla una pena de 5 a 10 años. Por lo tanto, fueron sancionados con la mínima, pero esa cantidad de años son de cumplimiento efectivo.

La sentencia fue dictada por los jueces Alejandro Piña, Paula Marisi y Roberto Nasif y se difundió a la prensa cerca de las 23.

Freixes y Zavala fueron juzgados por dos hechos. En uno fueron absueltos y en el otro, condenados en fallo dividido. Fueron absueltos por las amenazas a Marina Ziliotto respecto a que si no renunciaba iba a terminar como Darío Gramaglia (asesinado).

Al leerse la sentencia, Freixes mostraba el ceño fruncido, preocupado. Zavala, en cambio, miraba hacia el techo, con gesto entre resignado y suplicante. Se aguarda con expectativa la repercusión que tendrá esta sentencia en el gobierno provincial, sobre todo con respecto a la continuidad de Sergio Freixes al frente del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. El escándalo también salpica al actual ministro de Seguridad, Diego González, quien hace 13 años se desempeñaba como asesor de Freixes.

La recreación de este escándalo en los estrados de la justicia federal proyecta una negra sombra sobre la imagen política de Alberto Rodríguez Saá, y sobre la proyección nacional que intenta alcanzar en pos de la candidatura presidencial del año próximo.

fuente apuntesdesanluis.com

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