El gobernador de la Provincia, CPN Claudio Poggi firmó el decreto N° 10392/14 por el cual se ofrece una recompensa de $ 100.000 a quien aporte datos o información certera que permitan determinar el paradero del joven que es buscado desde el pasado 16 de septiembre.
El Gobierno recompensará con $ 100.000 a quien aporte datos sobre el paradero de Abel Ortiz
Desde el Ministerio de Seguridad, se comunicó que la identidad de quien aporte información será completamente resguardada, garantizando la confidencialidad y la total reserva de lo manifestado.
Las personas que cuenten con datos certeros sobre el paradero de Abel Roque Ortiz, deberán comunicarse al 911 o contactarse con la dependencia policial más cercana
Fuente Agenciasanluis.com
A 90 días, caso Abel Ortiz
El caso Abel Ortiz no escapa al mismo análisis ya que sus posibilidades de esclarecimiento comenzaron a desvanecerse cuando dependieron solamente de la investigación científica.
Abel Ortiz desapareció el 16 de septiembre pasado. Salió de la casa de una de sus hermanas, en el barrio La Ribera. Dijo que iba a un gimnasio, pero se habría encontrado con su ex pareja, una mujer que vive en el Plan Lote Eva Perón I, quien –según declaró- lo llevó ese día a la casa de unos conocidos. Desde entonces no se supo más nada de él.
Habían pasado dos meses y el Juzgado no tenía ninguna pericia. Ni los resultados de ADN, de muestras tomadas en dos allanamientos que la policía hizo en la casa de la ex pareja de Abel; ni los informes de los llamados de cinco teléfonos secuestrados, que debieron enviarse a La Pampa porque en San Luis no hay equipamientos técnicos para rastreos; ni las pruebas de las cámaras de seguridad, solicitadas para constatar los testimonios tomados.
Recién la semana pasada, el juez Santiago Ortiz (titular del Juzgado Correccional y Contravencional, a cargo de la causa) contó con los resultados de las muestras de sangre, que dieron negativo en cuanto a la posibilidad de pertenecer al joven buscado.
San Luis Noticia le preguntó al jefe de la Policía de la Provincia, Guillermo Valdevenítez, sobre la falta de infraestructura para investigar el caso, pero el funcionario respondió con otra pregunta “¿A qué se refiere con falta de recursos?”, y se limitó a reconocer que en San Luis “para algunas cosas hay, para otras no”, al referirse a la posibilidad de hacer pericias.
El viernes pasado, los familiares volvieron a manifestarse. Esta vez fue en la sede del Poder Judicial de Villa Mercedes. Allí, alrededor de 60 personas se concentraron para reclamar justicia. Finalmente, el juez recibió en su despacho a la madre y a una de las hermanas de Abel, acompañadas por su abogado, Maximiliano Bazla Casina.
Las críticas apuntaron a la demora en la investigación, tanto en la policía como en la justicia, pero también a la falta de elementos para la investigación.
El juez se habría mostrado muy molesto por las declaraciones del gobernador Poggi en su contra, aunque evitó hacer pública su postura. Tampoco se conoció ningún pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, ni del Colegio de Abogados al respecto.
El jueves pasado, Poggi vinoa Villa Mercedes. Desde la Agencia de Noticias de San Luis, dependiente del mismo gobierno, se había preparado el ambiente para que el mandatario se refiriera al caso Abel Ortiz.
Al cumplirse 88 días de la desaparición de Abel y cuando los familiares habían convocado a la cuarta movilización, esta vez en Tribunales, Poggi, por primera vez, dijo algo sobre el caso: “Es una situación lamentable, yo me solidarizo con la familia y hago una queja formal por el accionar o por la inacción del juez de la causa…”
Como era de esperar, el gobernador no asumió las falencias por la desinversión en materia de Seguridad y cargó contra el juez: “…la policía tomó 40 declaraciones y el juez de la causa ninguna…hay una total inacción del juez”.
Pero también adelantó que va a instruir al Fiscal de Estado “para que formule una petición al Procurador General de la Provinciapara que afecte fiscales al estudio con el máximo respeto del Poder Judicial”
“No puede ser que en San Luis ocurra esto y no puede ser que haya una inacción total del juez de la causa”, concluyó.
Estas declaraciones, inmediatamente, remitieron a otros tiempos y a otras causas atravesadas por las mismas circunstancias, como por ejemplo cuando Adolfo Rodríguez Saá presionó a la Justicia para que encuentren “culpables” por los crímenes de Carlos Luna y Fernando Martínez.
Y las consecuencias fueron la destitución de jueces que no “cedieron” a la presión y la detención sin pruebas de cinco miembros de la familia Amitrano. Algo similar ocurrió con Nelson Madaffs y otras tantas causas que nunca se esclarecieron ¿Pasará lo mismo con el caso Abel Ortiz?