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A 25 AÑOS DEL BRUTAL ASESINATO DE LOS NIÑOS LUNA MARTINEZ HASTA EL CASO ABEL ORTIZ



Redacción Redacción

Abril de 1991, Adolfo Rodríguez Saá, en el programa Almorzando con Mirtha Legrand sobre la causa Luna-Martínez: “Yo le solicito por este medio que sale por todo el país al juezDoctor Nils Luján Mejía que llame a declaración indagatoria a los sindicados por la Policía. Al señor Amitrano, sus hijos”. Diciembre 2014, Claudio Poggi, en la Agencia de Noticias del gobierno de San Luis sobre el caso Abel Ortiz: “…hay una total inacción del juez de la causa…la policía tomó 40 declaraciones y el juez ninguna…voy a instruir al Fiscal de Estado para que formule una petición al Procurador General de la Provincia para que afecte fiscales al estudio de la causa”.

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Este lunes se cumplen 25 años de los asesinatos de los chicos Carlos Luna y Fernando Martínez. Desde entonces se comenzó a escribir una larga y dolorosa lista de crímenes que quedaron impunes bajo una causa común: el desinterés del poder político en invertir en Seguridad y Justicia para la investigación de los delitos.

El otro cuadro recurrente se dio cada vez que los crímenes impunes trascendían y afectaban al poder político. En estos casos, tanto Adolfo Rodríguez Saá como Alberto Rodríguez Saá y Claudio Poggi hicieron lo mismo: presionar al poder judicial para que encuentren culpables. Consecuentemente hubo un sinnúmero de “perejiles”, entre ellos, los más conocidos fueron los cinco miembros de familia Amitrano, en el caso Luna Martínez; y Nelson Madaff, en el ficticio homicidio de Claudia Díaz ¿Pasará lo mismo en el caso Abel Ortiz?

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Con o sin “perejiles” durante este cuarto de siglo se sucedieron más de 30 homicidios sin esclarecer y con un denominador común: la falta de infraestructura policial y judicial para la investigación. A esta falencia se suma la precarización laboral en las fuerzas policiales, con bajos sueldos y trabajo en negro. Situación que se repite en cada uno de los Juzgados.

En el medio quedaron los llantos, las miserias y el profundo dolor de las familias destruidas por la pérdida violenta de sus seres queridos y la “inacción” de un poder político que no cambió, ni los nombres que continúan ostentando el poder, ni las políticas de “desmantelamiento” y precarización de los servicios básicos de Seguridad y Justicia, además de Educación y Salud.

Caso Luna-Martínez

Carlos Luna (10) y Fernando Martínez (11) fueron asesinados entre la noche del 14 y madrugada del 15 de diciembre de 1989. Sus cuerpos fueron hallados en un canal de riego de la zona este de la ciudad. Estaban embarrados y semidesnudos. Uno de ellos tenía las manos atadas a la espalda y el otro presentaba una profunda herida en el pecho y en su cuello tenía enroscado un alambre.

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La autopsia comprobó que los chicos tenían varias costillas rotas, producto de fuertes golpes en el tórax producidos presuntamente por una pala, y que uno de ellos tenía parte de la cara mutilada por otro golpe. Se encontraron tres dientes en el estómago y ambos habían fallecido por estrangulamiento.

En toda la causa se cometieron graves irregularidades, la mayoría signada o amparada por falta de medios para la investigación.

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Morgue Judicial de la cuidad de Villa Mercedes lugar donde fueron lavados los cuerpos.


Había pasado más de un año y Adolfo Rodríguez Saá (entonces cumpliendo su segundo mandato como gobernador) dijo lo que dijo en el programa de Mirtha Legrand. El resultado: jueces que no cedieron a la “presión” fueron destituidos, hasta que un Superior Tribunal de Justicia adicto ordenó las indagatorias y la detención de cinco miembros de la familia Amitrano.

Los liberaron después de más de un año de encierro y torturas. A fines de 2010, la familia Amitrano rompió el silencio y denunció al gobierno por encubrimiento y “desvío” de la investigación con el fin de “proteger a funcionarios del gobierno de Adolfo Rodríguez Saá”, según lo denunció Clara Amitrano, hija de Domingo Amitrano y hermana de Daniel Alfredo, Jorge Omar, Luis Enrique y Juan, los cinco detenidos en la primera etapa de la investigación.

La causa intentó aclararse a fines de 2001 cuando el juez Fernández Triches le dictó prisión preventiva como autor de los crímenes a Pablo Francisco Escobar, alias “El Tenaza”, quien ya estaba en prisión por otras causas. La decisión fue muy cuestionada y no despejó todas las dudas que rodearon la investigación del caso.

Caso Nelson Madaffs

La Policía, fuertemente presionada para encontrar culpables, nunca pudo forzar la buscada “confesión” de los Amitrano. Pero sí logró, tiempo después y usando las mismas “técnicas”, que Nelson Madaffs se hiciera cargo de un crimen que no solamente nunca cometió, sino que jamás existió.

El llamado “Caso Madaffs” es de la suma de todas las atrocidades cometidas por el gobierno de San Luis en un caso policial y judicial. Estuvo en prisión dos años, desde 1992 a 1994. Lo acusaron del crimen de su novia, bajo la sospecha de que la había sometido a un aborto clandestino que le habría provocado la muerte.

A golpes y palizas en la Policía tuvo confesar que fue el autor del crimen y lo mandaron a la cárcel. A los dos años, como el cuerpo no aparecía lo tuvieron que liberar. En 1998 la novia que supuestamente había matado apareció. Se había fugado del hogar para irse a vivir a San Juan, donde hizo pareja con un hombre y tuvo cuatro hijos. “Me fui de mi hogar porque mi padre me pegaba”, confesó.

Escándalo de por medio, todo fue aclarado, pero Madaffs quedó con graves secuelas por las torturas en la policía y en la cárcel, donde incluso contrajo SIDA.

En una de las declaraciones que brindó a la prensa, Madaff dijo que lo torturaron de todas las maneras posibles. Contó que lo enterraron en un foso, que lo colgaron de un árbol y que lo quemaron. También se supo que le arrojaban lavandina en los ojos. "Le sacaron los dientes con vidrios de una botella, lo sometieron a simulacros de fusilamiento y permitieron que se lo vejara", reveló en una oportunidad su abogado, Carlos Pereyra.

Caso Giuliana Leal

Las causas sin aclarar, que sucumbieron o que derivarongraves errores de hipótesis por la falta de elementos de investigación, siguieron engrosando la dolorosa lista, tanto en la ciudad de San Luis, como en Villa Mercedes y en varias localidades del interior.

Uno de los que más conmocionó a la comunidad villamercedina fue el asesinato de Giuliana Leal. Tenía 11 años cuando la mataron de 23 puñaladas. Sucedió en la noche del 13 de diciembre de 2009. El caso nunca fue esclarecido.

La causa quedó paralizada luego que el gobierno desafectó a la Brigada de Investigaciones y creó el Departamento Homicidio. Pero en ninguno de esos organismos avanzó la investigación. Las demoras se debieron, especialmente, a la falta de recursos para la investigación judicial. El propio juez Alfredo Cuello dejó plasmado en una de sus resoluciones que las muestras forenses tomadas del cuerpo de la niña no pudieron analizarse a tiempo porque no se destinó presupuesto para su traslado a laboratorios de otras provincias.

Además, como no funcionaban los equipos de refrigeración en la morgue, esas muestras se pudrieron.

Otro dato que refleja la lentitud en la investigación fue que recién a fines de noviembre de 2011, a casi dos años del crimen, fueron enviadas al Laboratorio de la Policía Científica de Córdoba tres armas blancas a analizar para determinar si tenían restos hemáticos y, en ese caso, qué tipo de sangre. El resultado fue que no tenían restos de sangre, ni animal ni humana.Desde entonces poco se avanzó la causa.

El viernes 19 de septiembre pasado, después de casi cinco años de una desgastante lucha por lograr que la Justicia de Villa Mercedes castigara los asesinos de su hija, murió Carina, la mamá de Giuliana leal.

“Fue víctima de la violencia institucional en la provincia, del poder judicial y de la salud pública de Villa Mercedes”, advirtió la Asociación Sí a la Vida, cuyas integrantes la ayudaron hasta último momento.

El caso Ana Belén Araujo

El crimen más reciente cometido en Villa Mercedes tampoco fue esclarecido. Ana Belén Araujo (24) fue asesinada de ocho disparos. Encontraron su cuerpo semi calcinado en la noche del sábado 14 de septiembre de 2013, en un descampado de la zona este de la ciudad. No hay detenidos ni pistas firmes.

Según la crónica que reconstruyó la policía, cerca del mediodía ese sábado, Ana Belén salió de su casa, en calle Catamarca 627, del barrio Las Rosas, a comprar pan a un negocio cercano.

Ya en horas de la noche y luego de buscar infructuosamente entre vecinos y familiares, los padres decidieron hacer la denuncia en la comisaría 9º. Media hora después, se presentó una pareja en la seccional 10º para avisar que había hallado un cadáver en un descampado de calle Centenario extremo este, distante a unos 7 kilómetros al este de las primeras casas del barrio Plan Lote Eva Perón.

La necropsia reveló que Ana Belén tenía, al menos, 8 disparos de un arma supuestamente calibre 22 y, tras ese ataque, el cuerpo fue quemado, presuntamente utilizando algún combustible. Todo habría sido realizado en el mismo lugar donde encontraron el cuerpo.

Ese sábado fue una jornada fría en Villa Mercedes. Por la noche comenzó a caer una leve llovizna que se tornó en nevada durante la madrugada. Así permaneció el cuerpo y la escena del crimen a la espera de la llegada de personal de Criminalística de San Luis, que recién arribó al otro día.

A esa circunstancia poco propicia para la conservación de la escena del crimen se agregó otro dato: Ese sábado por la noche, cuando personal de la comisaría 9ª llegó al lugar donde estaba el cuerpo de Ana Belén no tenía linternas ni mucho menos reflectores. “Tuvimos que alumbrar el lugar con celulares”, dijo una fuente allegada a la Unidad Regional II.

Sin elementos para iluminar, la inspección en el lugar, un descampado ubicado en las afueras y totalmente oscuro, fue una tarea imposible.

Así, el caso se sumó a la lista de crímenes impunes cometidos en Villa Mercedes, pero con un aditamento preocupante: la comunidad nunca se preocupó por reclamar su esclarecimiento.

El accionar de agrupaciones

Decenas de otros casos de muertes en situaciones violentas y sin esclarecer forman parte de la deuda que tiene el gobierno y la comunidad sanluiseña, desde los cruentos homicidios hasta las pérdidas de vidas por mala praxis o siniestros viales. En todos, las familias claman por sus derechos y esperan el momento en que la Justicia alivie sus dolores.

En los últimos años se visibilizaron acciones de agrupaciones como Sí a la Vida, Madres del Dolor y el Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis, que denuncian, canalizan los reclamos y exigen justicia.

Caso Abel Ortiz

El caso Abel Ortiz no escapa al mismo análisis ya que sus posibilidades de esclarecimiento comenzaron a desvanecerse cuando dependieron solamente de la investigación científica.

Abel Ortiz desapareció el 16 de septiembre pasado. Salió de la casa de una de sus hermanas, en el barrio La Ribera. Dijo que iba a un gimnasio, pero se habría encontrado con su ex pareja, una mujer que vive en el Plan Lote Eva Perón I, quien –según declaró- lo llevó ese día a la casa de unos conocidos. Desde entonces no se supo más nada de él.

Habían pasado dos meses y el Juzgado no tenía ninguna pericia. Ni los resultados de ADN, de muestras tomadas en dos allanamientos que la policía hizo en la casa de la ex pareja de Abel; ni los informes de los llamados de cinco teléfonos secuestrados, que debieron enviarse a La Pampa porque en San Luis no hay equipamientos técnicos para rastreos; ni las pruebas de las cámaras de seguridad, solicitadas para constatar los testimonios tomados.

Recién la semana pasada, el juez Santiago Ortiz (titular del Juzgado Correccional y Contravencional, a cargo de la causa) contó con los resultados de las muestras de sangre, que dieron negativo en cuanto a la posibilidad de pertenecer al joven buscado.

San Luis Noticia le preguntó al jefe de la Policía de la Provincia, Guillermo Valdevenítez, sobre la falta de infraestructura para investigar el caso, pero el funcionario respondió con otra pregunta “¿A qué se refiere con falta de recursos?”, y se limitó a reconocer que en San Luis “para algunas cosas hay, para otras no”, al referirse a la posibilidad de hacer pericias.

El viernes pasado, los familiares volvieron a manifestarse. Esta vez fue en la sede del Poder Judicial de Villa Mercedes. Allí, alrededor de 60 personas se concentraron para reclamar justicia. Finalmente, el juez recibió en su despacho a la madre y a una de las hermanas de Abel, acompañadas por su abogado, Maximiliano Bazla Casina.

Las críticas apuntaron a la demora en la investigación, tanto en la policía como en la justicia, pero también a la falta de elementos para la investigación.

El juez se habría mostrado muy molesto por las declaraciones del gobernador Poggi en su contra, aunque evitó hacer pública su postura. Tampoco se conoció ningún pronunciamiento del Consejo de la Magistratura, ni del Colegio de Abogados al respecto.

El jueves pasado, Poggi vinoa Villa Mercedes. Desde la Agencia de Noticias de San Luis, dependiente del mismo gobierno, se había preparado el ambiente para que el mandatario se refiriera al caso Abel Ortiz.

Al cumplirse 88 días de la desaparición de Abel y cuando los familiares habían convocado a la cuarta movilización, esta vez en Tribunales, Poggi, por primera vez, dijo algo sobre el caso: “Es una situación lamentable, yo me solidarizo con la familia y hago una queja formal por el accionar o por la inacción del juez de la causa…”

Como era de esperar, el gobernador no asumió las falencias por la desinversión en materia de Seguridad y cargó contra el juez: “…la policía tomó 40 declaraciones y el juez de la causa ninguna…hay una total inacción del juez”.

Pero también adelantó que va a instruir al Fiscal de Estado “para que formule una petición al Procurador General de la Provinciapara que afecte fiscales al estudio con el máximo respeto del Poder Judicial”

“No puede ser que en San Luis ocurra esto y no puede ser que haya una inacción total del juez de la causa”, concluyó.

Estas declaraciones, inmediatamente, remitieron a otros tiempos y a otras causas atravesadas por las mismas circunstancias, como por ejemplo cuando Adolfo Rodríguez Saá presionó a la Justicia para que encuentren “culpables” por los crímenes de Carlos Luna y Fernando Martínez.

Y las consecuencias fueron la destitución de jueces que no “cedieron” a la presión y la detención sin pruebas de cinco miembros de la familia Amitrano. Algo similar ocurrió con Nelson Madaffs y otras tantas causas que nunca se esclarecieron ¿Pasará lo mismo con el caso Abel Ortiz? 


Fuente Sanluisnoticia.com.ar Foto elmerlino.com

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